La caída de Santiago Peña y el reordenamiento de la élite en Paraguay

Qué pasó

Según reportes de Infobae América y France 24, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por parte del Senado, que votó con 44 sufragios a favor de la condena. El desenlace ocurrió al término de un juicio político de dos días motivado por el colapso de la entidad financiera Ueno Bank. Tras perder el respaldo de la bancada oficialista, Peña dimitió e inmediatamente las fuerzas policiales y de la fiscalía ejecutaron una orden de detención en su residencia en Asunción, trasladándolo al Regimiento Escolta Presidencial.

Asimismo, la Fiscalía citó al exmandatario a declarar ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). En forma paralela, el mandatario entrante nombró al abogado Ariel Martínez al frente del Ministerio del Interior para controlar la seguridad interna, mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) desplegó la devolución de fondos por un monto de G. 996.000 millones a casi 1,2 millones de ahorristas afectados.

El contexto

De acuerdo con lo informado por ABC TV y corroborado en el dossier, la aceleración de las denuncias sobre Ueno Bank ocurrió tras la recepción de un documento anónimo por parte del nuevo vicepresidente Antonio 'Tony' Barrios. El documento sirvió como base para la solicitud formal de informes al BCP por parte de los senadores Basilio Núñez y Natalicio Chase, integrantes del movimiento Honor Colorado.

El colapso de la entidad generó un impacto inmediato en la economía local. Para evitar un pánico financiero generalizado, el BCP activó garantías estatales equivalentes a 160 millones de dólares. Al mismo tiempo, instituciones de previsión pública como el Instituto de Previsión Social (IPS), dirigido por Derlis León, informaron que se mantendrá el calendario regular de cobro para jubilados fijado para el 17 de noviembre.

El punto ciego

Detrás de los llamados oficiales a la paz, el orden y la seguridad, el vector central de esta maniobra es la rápida reorganización del poder dentro del movimiento Honor Colorado. La aprehensión inmediata de Peña no representa una ruptura del mapa político dominante, sino un mecanismo de contención para concentrar la responsabilidad de la crisis en el exmandatario y desvincular al resto de la cúpula directiva.

Al colocar a Ariel Martínez en la cartera del Interior con la encomienda de actuar con firmeza, la nueva administración busca disuadir movilizaciones de calle. La utilización del expediente anónimo por parte de los propios parlamentarios oficialistas revela una decisión calculada para sacrificar al presidente y asegurar el control del Ejecutivo hasta 2028.

Quién gana y quién pierde

En la correlación de fuerzas, Pedro Alliana y el núcleo duro de Honor Colorado retienen el control del Estado al sustituir a una figura desgastada sin ceder el gobierno. El costo financiero directo recae sobre las arcas estatales, que debieron movilizar 160 millones de dólares en garantías de depósitos.

Santiago Peña queda en la posición más vulnerable, enfrentando un proceso judicial ante la fiscalía anticorrupción tras ser apartado del cargo. En tanto, la ciudadanía y el sistema financiero asumen los costos de la incertidumbre institucional generada por la supervisión bancaria.

Qué vigilar

Será fundamental dar seguimiento a la comparecencia de Santiago Peña ante la UDEA y el avance de los cargos en el Ministerio Público. Asimismo, la actuación del ministro Ariel Martínez ante eventuales manifestaciones dará la pauta del margen de tolerancia del nuevo gobierno.

Finalmente, restará verificar el impacto de los desembolsos sobre las reservas del BCP y la regularidad en el pago del IPS previsto para el 17 de noviembre, como indicadores de la estabilidad operativa bajo la presidencia de Alliana.