El encuentro entre Sheinbaum y OpenAI expone los límites de la soberanía digital

Qué pasó

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Greg Brockman, presidente y cofundador de la empresa estadounidense OpenAI, junto a integrantes de su equipo directivo. El objetivo central del encuentro fue examinar la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en el sector público, priorizando la atención médica y los servicios de salud estatal, según confirmaron fuentes gubernamentales y coberturas de medios como Wired en Español y El Universal.

Durante la reunión, la mandataria mexicana y el ejecutivo de la firma tecnológica coincidieron en que las herramientas de IA generativa y análisis avanzado representan una oportunidad para optimizar la gestión gubernamental. Esta aproximación forma parte de una política de digitalización acelerada que busca integrar soluciones de procesamiento masivo de datos en la administración pública.

El contexto

El acercamiento con OpenAI se produce en un momento de reestructuración tecnológica institucional. El gobierno mexicano, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, publicó en abril de este año el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, concebido como la hoja de ruta oficial para normar y promover el uso de estas herramientas en el Estado.

A la par de la diplomacia tecnológica, México ha puesto en marcha proyectos como el Centro Mexicano de Supercómputo. Esta iniciativa trabaja en el desarrollo de Coatlicue, un equipo diseñado para convertirse en la supercomputadora más potente de América Latina, con una capacidad de procesamiento de hasta 314,000 billones de operaciones por segundo. La intención gubernamental es destinar esta capacidad al análisis de datos sísmicos en Petróleos Mexicanos y a la detección de evasión fiscal en el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, la Fábrica de Software y Tecnología Pública incorpora a 300 desarrolladoras y desarrolladores jóvenes para crear código propio destinado a trámites estatales.

El punto ciego

Detrás del despliegue de proyectos e intercambios al más alto nivel reside una vulnerabilidad estructural que suele quedar fuera del discurso oficial. El informe titulado Economías de ingresos medios: navegando por las dependencias digitales en la IA, publicado por el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, advierte que, si bien México posee bases para diseñar políticas públicas, carece de los elementos indispensables para ejecutarlas de forma independiente.

El análisis del CIGI remarca que las principales debilidades del país radican en la ausencia de infraestructura pública propia para la difusión del cómputo avanzado, deficiencias en seguridad digital y una marcada falta de resiliencia tecnológica. Más grave aún es el vacío legal: a pesar de diversas propuestas en el Congreso de la Unión, México todavía no cuenta con un marco regulatorio federal específico para la inteligencia artificial. El punto ciego consiste en abrir los sistemas nacionales y los datos del sector salud a corporaciones transnacionales sin haber establecido previamente reglas de soberanía de datos ni gobernanza de privacidad.

Quién gana y quién pierde

El principal ganador en esta dinámica es OpenAI y el sector de las grandes empresas tecnológicas globales. Para la firma estadounidense, el respaldo gubernamental abre las puertas al mercado del sector público en la segunda economía de América Latina, validando sus modelos en áreas sensibles como la salud.

En el extremo opuesto, el Estado mexicano y el ecosistema local de desarrollo tecnológico asumen los mayores riesgos. Al depender de arquitecturas de IA desarrolladas fuera de sus fronteras y sin un marco legal de protección, el país se expone a costos de licenciamiento crecientes, fugas de soberanía informativa y barreras para consolidar una industria de software verdaderamente autónoma.

Qué vigilar

En los próximos meses será crucial dar seguimiento al avance legislativo en el Congreso respecto a la regulación federal de la inteligencia artificial y a las cláusulas de protección de datos que se incluyan en eventuales convenios con firmas privadas. Asimismo, habrá que monitorear la capacidad real de la agencia estatal para poner en funcionamiento la supercomputadora Coatlicue y verificar si los 300 desarrolladores jóvenes logran crear herramientas soberanas o si la gestión pública terminará operando bajo licencias comerciales extranjeras.